El 7 de octubre de 2026, Brandon Judd, embajador de EE. UU. en Chile, intentó cerrar la controversia. Dijo que sus comentarios habían sido distorsionados y calificó el episodio como “drama”.
La aclaración importa. El material disponible no describe una reivindicación territorial estadounidense sobre el estrecho. El problema está en el lenguaje usado durante un evento comercial: Judd vinculó la ayuda de Estados Unidos para proteger los derechos de Chile con la cooperación en las prioridades de Washington.
Una aclaración insuficiente
El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó ante el Congreso que el Estrecho de Magallanes “fue, es y siempre será chileno” y que Chile no necesita el respaldo de otro país para defender su soberanía.
El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió que Chile podía defenderse solo. La posición chilena no rechaza necesariamente la cooperación marítima. Rechaza la insinuación de que el título territorial necesite un patrocinador externo.
Según el tratado de límites de 1881 con Argentina, la soberanía chilena convive con la neutralidad perpetua del estrecho y la libre navegación. Ninguna de esas condiciones depende de una autorización de EE. UU.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, añadió que Chile mantiene presencia e infraestructura en la zona. Describió el territorio como sometido a soberanía chilena. La Cancillería tampoco descartó nuevas medidas frente a Judd, incluida una eventual nota de protesta, aunque Pérez Mackenna señaló que primero se evaluarían las circunstancias del episodio.
La protesta tampoco apareció aislada. En agosto, Chile había reaccionado a comentarios sobre la soberanía formulados por un jefe de la fuerza aérea argentina. Antes había convocado a Judd por afirmaciones sobre la izquierda y el estallido de 2019 en Chile. Ese patrón explica la sensibilidad diplomática, pero no prueba una operación para apoderarse del estrecho.
En el trasfondo aparecen intereses estratégicos contemporáneos. Los reportes sobre el discurso de Judd mencionaron la cooperación contra el crimen organizado y un proyecto chino de cable submarino. También aludieron a la transformación local del cobre. Esa combinación ayuda a explicar por qué Santiago interpretó el mensaje como una posible conexión entre los recursos estadounidenses, las prioridades de Washington y el respaldo a los derechos chilenos sobre el paso marítimo.
El 8 de octubre Judd sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y negó haber condicionado la soberanía chilena a la cooperación con Washington. La controversia, sin embargo, continuó porque el debate público ya había conectado la protección estadounidense del estrecho con asuntos estratégicos y políticos más amplios.
Los recibos de la historia
La memoria regional tiene cifras concretas. Después de la invasión estadounidense, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 transfirió unas 525.000 millas cuadradas de México a Estados Unidos. Washington pagó 15 millones de dólares y asumió ciertos reclamos de ciudadanos estadounidenses.
Las familias mexicanas cambiaron de soberano sin cambiar de casa. Los territorios indígenas quedaron atravesados por fronteras nuevas. La Compra de Gadsden de 1854 transfirió otras 29.670 millas cuadradas por 10 millones de dólares. Respondió a la búsqueda de un corredor ferroviario meridional. No fueron acuerdos equivalentes, pero ambos muestran que el valor estratégico de una franja no se mide solo por su tamaño.
Panamá llevó esa lógica al punto más sensible. En 1903, Washington envió buques de guerra en apoyo de la independencia panameña después de que Colombia rechazara el tratado propuesto para el canal.
La nueva república obtuvo una garantía de independencia, pero aceptó pronto un enclave extranjero que atravesaba su territorio. El acuerdo concedió a Washington poderes casi soberanos sobre una franja de diez millas de ancho. A cambio, Panamá recibió 10 millones de dólares y pagos anuales de 250.000.
El canal no era únicamente tierra. Era la capacidad de ordenar el comercio entre dos océanos. Panamá recuperó el control en 1999 mediante tratados negociados. Ese desenlace también registra cuánto tiempo puede tomar deshacer una concesión presentada en su momento como una amistad duradera.
La lógica de convertir poder en espectáculo también aparece en un análisis previo sobre la ficción televisiva, aunque aquí el costo no es narrativo, sino territorial.
La soberanía en letra pequeña
Cuba demuestra que la soberanía puede sobrevivir en el papel mientras el control práctico queda en manos de otra potencia. La Enmienda Platt de 1901 condicionó la retirada estadounidense a la aceptación de amplios derechos de intervención.
Los acuerdos posteriores sobre Guantánamo reconocieron la soberanía última de Cuba, pero otorgaron a Washington jurisdicción y control completos dentro del área arrendada. El tratado de 1934 mantuvo ese arreglo sin una fecha de vencimiento fija. Llamarlo una anexión estadounidense sería inexacto. Describirlo como control cubano ordinario también lo sería.
Puerto Rico siguió una ruta distinta. España cedió la isla a Estados Unidos en el Tratado de París de 1898. Sus términos dejaron los derechos civiles y el estatus político de sus habitantes nativos en manos del Congreso.
Las Islas del Maíz muestran que ni siquiera hacía falta ocupar un territorio para limitar su margen de maniobra. El Tratado Bryan-Chamorro de 1914 ofreció 3 millones de dólares por derechos exclusivos de canal, arrendamientos renovables de las islas por 99 años y una concesión para una base naval.
Estados Unidos nunca ejerció soberanía sobre ellas, pero el monopolio del canal redujo la capacidad de Nicaragua para negociar con otras potencias. El acuerdo de terminación llegó en 1970.
Esos antecedentes no demuestran que Washington pretenda apoderarse del Estrecho de Magallanes. Sí explican por qué la palabra protección puede sonar distinta en América Latina cuando aparece atada a prioridades políticas. La historia no autoriza a inventar una invasión. Obliga a distinguir una alianza voluntaria de una oferta utilizada como palanca.
El límite que conviene fijar
Chile tiene una salida razonable y firme: reconocer la aclaración de Judd, mantener las relaciones de trabajo y dejar fuera de cualquier negociación transaccional sus derechos territoriales. Una protesta diplomática cumple esa función sin romper alianzas ni militarizar el desacuerdo.
También permite que Washington precise públicamente que la cooperación en defensa es un acuerdo entre gobiernos soberanos. No es una factura por la protección de un estrecho que pertenece a Chile.
La diferencia entre cooperación y tutela no es semántica. Un acuerdo puede intercambiar beneficios y establecer compromisos. El título territorial no es un descuento que se gana con lealtad.
En este caso, la respuesta chilena resulta proporcionada porque corrige una ambigüedad sin afirmar una agresión que el material disponible no acredita.
El estrecho combina soberanía chilena con neutralidad y libre navegación. Una regla de paso no equivale a propiedad extranjera ni convierte a Estados Unidos en garante necesario.
La aclaración de Judd quedó registrada el 8 de octubre de 2026, cuando negó haber condicionado la soberanía chilena a la cooperación con Washington.
