Una orden judicial puso en riesgo la permanencia de las comunidades garífunas en la playa Uva de Cayos Cochinos, donde continúa el rodaje de la nueva temporada de Survivor entre denuncias ambientales y sociales. El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ordenó a la policía desalojar a los llamados ocupantes no autorizados, una categoría que incluye a pobladores ancestrales de la zona.
Orden de desalojo
La resolución se emitió ayer antes del mediodía y llegó al campamento Por la Vida mediante imágenes del desembarco de la policía naval. El plantón permanece instalado desde hace seis semanas en la capital, por iniciativa de la Organización Fraternal Negra Hondureña, conocida como OFRANEH.
Las protestas garífunas obligaron a modificar o trasladar parte de las grabaciones de Survivor o Supervivientes en Cayos Cochinos, según reportes publicados entre el 17 y el 18 de septiembre de 2026.
Míriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, declaró en alerta el campamento tras conocer la orden. La organización anunció que trasladaría su protesta a los Cayos para instalar un plantón por tiempo indefinido. También señaló a Ricardo Salinas Pliego como responsable de la escalada que podría desencadenar el desalojo. En declaraciones recogidas por medios internacionales, Miranda y otros dirigentes acusaron de represión a las autoridades y a estructuras vinculadas con la administración de Cayos Cochinos, además de exigir el cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El costo del rodaje
De acuerdo con información de La Jornada, un centenar de policías fue enviado cuatro días antes para contener el plantón de los pobladores. Reportes posteriores situaron a unos 40 manifestantes garífunas en Cayo Menor y describieron un refuerzo de la seguridad, incluida la supuesta movilización de cientos de policías. Esas cifras proceden de publicaciones periodísticas y no de una estadística oficial confirmada. La presencia policial ha afectado actividades básicas de la comunidad: los pescadores no pueden salir a faenar y las mujeres enfrentan dificultades para conseguir agua.
El conflicto no se limitó a una protesta frente a las cámaras: varios reportes indicaron que el rodaje tuvo que buscar otra ubicación para parte de sus actividades. El Mundo también señaló que, según sus fuentes, la presencia policial y militar no fue solicitada por la producción, sino que estuvo relacionada con una petición de la Fundación Cayos Cochinos.
El conflicto también alcanza a la tortuga carey. La especie se encuentra en temporada de desove y, según las denuncias, el cerco instalado para el rodaje le impide completar esa etapa de su ciclo vital. El material disponible no aporta una evaluación ambiental independiente ni una respuesta pública de la producción sobre estas acusaciones. Tampoco se ha divulgado un comentario oficial de la compañía que confirme que las grabaciones fueron la causa directa de las acciones policiales.
Quién controla el sitio
La playa es propiedad de Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, vinculada al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Según la información atribuida a OFRANEH, también estarían involucrados Grupo Salinas y otros consorcios hondureños.
La disputa no empezó con Survivor. El acoso denunciado por los pobladores de Cayos Cochinos forma parte de un conflicto que se ha mantenido durante gobiernos conservadores y militares de Honduras. La organización sostiene que las nuevas directrices asociadas con Nasry Asfura han profundizado la protección de proyectos privados en el país. En los reportes más recientes, OFRANEH vinculó la protesta con la falta de una consulta previa, libre e informada a las comunidades.
Una ley bajo disputa
En mayo, el Poder Legislativo aprobó la llamada Ley Agropecuaria. El texto considera de prioridad nacional los megaproyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios de alta gama, ganaderos y energéticos, además de proteger de manera explícita los intereses privados relacionados con esas actividades.
La legislación también establece que los movimientos de oposición pueden ser penalizados como amenaza contra el interés nacional. Ese marco ayuda a entender por qué una producción de entretenimiento puede quedar en el centro de una disputa territorial y comunitaria que rebasa la pantalla. Los manifestantes invocan además el fallo de la Corte Interamericana sobre Cayos Cochinos y los derechos de residencia histórica del pueblo garífuna como fundamento de su rechazo a cualquier desalojo.
Para la audiencia de Survivor, lo confirmado hasta ahora es el escenario de un rodaje cuestionado, no un estreno ni un calendario de emisión. La información publicada tampoco precisa cuánto tiempo permanecerá la producción en Cayos Cochinos ni qué medidas adoptará para proteger el desove de la tortuga carey. Algunos medios han indicado que Mediaset y la producción cuentan con permisos, pero no han reconocido públicamente que exista una relación entre el programa y el intento de desalojo. Un reporte de Infobae documenta las denuncias y la orden judicial, pero no equivale a una resolución ambiental definitiva. Sostener el rodaje frente a comunidades que denuncian un desalojo y ante una especie en temporada reproductiva expone una decisión editorial y empresarial difícil de justificar: convertir un territorio habitado y ecológicamente sensible en un simple fondo de pantalla.
